Recientemente, la Federación Ecologista (FECON) realizó un análisis del modelo energético en Costa Rica, valorando también alternativas para promover la recuperación justa ante la crisis actual. Expusieron tres representantes de organizaciones con importante trayectoria como lo son Mariana Porras (COECO-Ceiba Amigos de la Tierra), Raquel Bolaños (Movimiento Ríos Vivos) y Osvaldo Durán de Proyectos Alternativos (PROAL).
Mariana Porras de COECO-Ceiba nos planteo la soberanía energética como un principio clave para una transición energética justa. La crisis climática y la sobreexplotación de territorios y trabajadores, son resultado de un sistema económicamente y ambientalmente injusto. La soberanía energética por otro lado nos plantea el derecho de las comunidades a elegir sus fuentes de energía sustentables y a desarrollar un nivel de consumo saludable. También existe la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que toda la gente comparta los recursos de forma equitativa dentro de límites ecológicos.
Mientras tanto, Ríos Vivos nos presentó la lucha de las comunidades de la Zona Sur de Costa Rica por defender los ríos de un modelo que privilegia y ensalza la generación hidroeléctrica, invisibilizando sus altísimos impactos socioambientales en ríos y comunidades rurales. Raquel Bolaños resaltó la importancia de informarnos sobre los proyectos que se plantean en nuestras comunidades, de producir comunicación que incluya el arte, de la capacidad de resistir en los pueblos, de mantener reuniones y acompañarse, la autogestión para contar con recursos propios para la lucha, la capacitación y el intercambio de experiencias y la formación política.
Por su parte Osvaldo Durán nos expuso un análisis que explica cómo el sistema energético confronta dos visiones: una visión de mercado preocupada por cuantificar recursos contra una visión ecológica-social que valora los impactos ambientales, distribución de beneficios, derechos y responsabilidades. Mostró cómo la matriz energética del país es más de un 50% fósil, desmintiendo el Plan de Carbono Neutral al 2030. La crítica señala el uso político de datos para favorecer una imagen “verde” del país, que justifica la expansión de energías “limpias” como la hidroelectricidad que causa impactos socio-ambientales y responde a las presiones para abrir aún más el sistema eléctrico a los mercados.
Los tres planteamientos coinciden en que para nuestro país es clave mantener la lucha contra los intereses hidroeléctricos que sacan provecho de una imagen energética “positiva” a nivel internacional para intentar pasar por encima a las luchas comunales. En agosto se vence una directriz institucional que impide el otorgamiento de contratos eléctricos privados, por lo que después del Congreso Mundial de Hidroelectricidad que organizará el Gobierno de Costa Rica en setiembre, podrían aparecer escenarios más complicados que pueden comprometer los intereses de las comunidades.
FECON promoverá y coordinará acciones frente a este Congreso, convocando a los sectores populares a reanimar la lucha contra la amenaza latente de que cualquier río del país entre en los planes de una empresa hidroeléctrica. Se convocará a la movilización social frente a la farsa de la hidroelectricidad como energía limpia. El Estado debe facilitar la reparación de los ríos destruidos o impactados por la generación de energías, construir un sistema de consumo energético eficiente, que sustente las necesidades básicas de las personas con equidad y justicia.
