En relación a dos cuestionables decretos ejecutivos firmados en los ultimos días de la Administración del Dr. Oscar Arias Sánchez en mayo del 2010 sobre perforación de pozos, y cuestionados por especialistas de la UCR, y varias publicaciones recientes del Sindicato de Empleados de SENARA, disponibles en la prensa digital del 8 de diciembre del 2010, del 16 de marzo del 2011 y del 17 de marzo del 2011, así como del 17 de febrero del 2011, todas relacionadas al desmantelamiento al que se quiere proceder de la DIGH (Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, anteriormente, Dirección de Aguas Subterráneas del SENARA), las siguientes entidades y personas ecologistas  firmantes del presente Manifiesto deseamos expresar lo siguiente:

La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA ha demostrado un estricto apego a la ética profesional, buscando hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés privado o de unos pocos. A diferencia de otras entidades estatales, las cuales, en los últimos años, defienden intereses privados en detrimento de los intereses de las comunidades, con base en estudios técnicos de dudosa procedencia o muy aproximativos (casos como los de Sardinal, Baulas, Crucitas, Mar Serena, Autopistas del Sol y muchos más):

- La reciente intercepción del acuífero del Barva por la empresa Autopistas del Sol (cuyo daño asciende a 34 millones de dólares), demuestra la total negligencia de las entidades a cargo de fiscalizar este tipo de proyectos en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

- En el caso del acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, el informe de la UCR de noviembre del 2009 indica de manera muy detallada la falta de certeza técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA, abreviado AyA) y del MINAET sobre la capacidad del acuífero para poder otorgar los permisos que fueron concedidos en detrimento de los intereses de la comunidad de Sardinal (ver informe del Consejo Universitario de la UCR, pp. 15-37). Informes de prensa por su parte detallan la política de persecución contra los expertos de SENARA que contradecían la posición oficial del AyA y del MINAET en relación a este polémico proyecto.

- En el caso del Parque Marino Las Baulas, fue un informe de la DIGH de SENARA la que, contrario a lo afirmado por el mismo Gerente de SENARA ante la Sala IV, permitió que esta suspendiera proyectos que afectan el acuífero.

- En mayo del 2010, en relación al polémico caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas, el funcionario de SENARA Miguel Ramírez fue de igual forma objeto de la creación en su contra de un órgano director ordenado por la Junta Direciva de SENARA por haber denunciado que los Magistrados de la Sala IV refirieron a estudios de SENARA inexistentes, y categóricamente desmentidos por los mismos técnicos de la DIGH.

En el Valle Central los estudios del 2007 de la DIGH de SENARA en relación a la sobre explotación del acuífero del Barva han demostrado el grado de negligencia de otras entidades del Estado, las cuales no parecen preocupadas en lo más mínimo en el hecho que se está extrayendo más agua de la que naturalmente produce el acuífero que abastece a más del 70 % de la población del Valle Central.  En este sentido el estudio denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima, y Barva, Valle Central, publicado en abril del 2007 por SENARA,  llegó a determinar que la recarga potencial calculada para los acuíferos Barva y Colima fue de 9.720 litros por segundo y la extracción calculada por medio de pozos legales e ilegales al 31 de diciembre del 2006 (registrados en SENARA) fue de 9.870 litros por segundo. Con los datos anteriores la demanda supera la oferta hídrica subterránea (recarga del acuífero), por lo tanto debe tomarse medidas, de no permitir perforaciones, hasta que se instalen medidores de caudal en pozos con caudales mayores a los 10 litros por segundo y se puedan reevaluar la extracción.

Apoyamos sin reserva que las atribuciones de esta DIGH y de SENARA se mantengan y sean consolidadas, tal como decisiones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República lo establecen, y hacemos desde ya un vehemente  llamado a que otras organizaciones del país se lo hagan saber a las autoridades. La actual tendencia a concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET ha sido aplaudida por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Perforadores y diversas cámaras de la construcción, señal inequívoca de que este traslado de competencias de SENARA al MINAET resguarda primordialmente sus intereses, en detrimento de los de las comunidades.

Recordamos que en el año 2009, en dos ocasiones nuestras organizaciones y otras debimos denunciar la política de desmantelamiento dentro de SENARA realizada desde varias instancias ministeriales:

Febrero del 2009:

Manifiesto colectivo en Defensa del Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA

Junio del 2009:

Manifiesto colectivo en Defensa de las Aguas Subterráneas

Entidades firmantes:

Acueducto de Dulce Nombre de Naranjo – Asociación Ambiental del Norte de San Rafael -  Asociación de Ecología Social (AESO) – Asociación Conservacionista YISKI – Asociación Pro Conservación y Defensa de los Recursos Naturales y Culturales de Guanacaste -Asociación Programas Sociales de Dominical  -Bosques Nuestros – COECOCEIBA – Amigos de la Tierra – Comisión de Planificación Urbana de Desamparados de Alajuela – Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote (CDZPEC) – Comité Ambiental de Miramar  -Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel – Comité Vigilancia de Recursos Naturales de Alajuela – Confraternidad Guanacasteca – Concejo Alajuelense de la Sociedad Civil – Coronado por la Naturaleza – Federación de Uniones Cantonales de Heredia – Fundación para la Protección de la Vida Silvestre y Recursos Naturales (FUPROVIRENA) -Fundación Nectandra- Fundación Neotrópica – Grupo Ambientalista Tivives – Grupo Civico Domingueño – Grupo Pachamama -Movimiento Regional Barva por la Defensa del Agua, la Dignidad y la Vida – Oilwatch Costa Rica -  Oilwatch Mesoamérica – Preserve Planet – Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)

Personas firmantes en su calidad personal:

José Francisco ALFARO, Abogado – Bernardo AGUILAR GONZALEZ,
Profesor adjunto, Northern Arizona University (EEUU), Presidente, Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica – Gadi AMIT, Ecologista – Allan ASTORGA GATTGENS, Geólogo, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología (UCR) – Ana Lorena ARIAS ZÚÑIGA, Ingeniera ambiental, Profesora en la Escuela de Ingeniería Ambiental (ITCR) y en Ingeniería Civil (UCR) – Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho (UCR) y Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN – Rafael Guido BRENES ACUÑA, Pensionado del Poder Judicial, ex-Profesor de la Escuela Judicial  – María Teresa KOBERG GUTIÈRREZ, Escritora y ambientalista -  Jorge LOBO SEGURA, Catedrático, Escuela de Biología, UCR – Juan Carlos MENDOZA GARCIA, Diputado y Jefe de fracción, Asamblea Legislativa – Claudio MONGE PEREIRA, Diputado, Asamblea Legislativa -  Eduard MULLER, Vicepresidente para México, Centroamérica y Caribe hispano de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) – Elsa Grettel ORTIZ ALVAREZ, Profesora (ITCR), Ex Presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa – Alicia Silvia PIFARRË PAN, Abogada – Álvaro SAGOT RODRIGUEZ, Consultor ambiental y Profesor de la UNA y de la UCR – Astrid SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Biologa, Ayunante contra la minería en Crucitas – Sonia TORRES ARGUEDAS, Ingeniera Forestal -  – Warren SOLANO MORA,  Artista plástico. – Álvaro UGALDE VIQUEZ, Ex-Director del Sistema de Parques Nacionales del MINAE – Edison VALVERDE ARAYA, Escritor y Caminante por la Vida – José María VILLALTA FLORÉZ-ESTRADA, Diputado, Asamblea Legislativa

Si desea suscribir este Manifiesto Colectivo, enviar el nombre de su asociación, entidad o programa;  o si lo quiere hacer a título personal, enviar su nombre completo y calidades a :manifiestoparacr@gmail.com

El próximo 28 de enero, los vecinos de la comunidad de Santa Rosa de la Rita de Pococí participarán en la sesión del Concejo Municipal, en la cual se ratificará un acuerdo para solicitar al Gobierno una moratoria al desarrollo de una piñera en la zona.

Este compromiso es la culminación de una lucha que han emprendido los habitantes de Santa Rosa, apoyados por el programa Kioskos Ambientales de la Universidad de Costa Rica y respaldados por una serie de estudios emitidos por el Departamento de Cuencas de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cuales demuestran que el proyecto afectará severamente la salud y el medio ambiente de la zona.

Los problemas se iniciaron en el año 2006, cuando la empresa piñera del Grupo Acón –a cuyos representantes no fue posible contactar- comenzó la preparación del terreno, construcción de drenajes y caminos para la siembra de la piña, a pesar de que existía una gran proximidad de la futura plantación con el acueducto, la escuela, la plaza y el centro de salud de la comunidad. Fue por ello que los vecinos solicitaron al AyA el estudio y en este se advierte que los pozos que se verían afectados, abastecen a unas 500 personas y no poseen cobertura boscosa; es decir, la plantación se haría en una zona de recarga.

Incluso los resultados del informe demostraron que ya existe una recarga importante en los acuíferos, debido a la modificación de la topografía, la construcción de los drenajes y la sustitución de la vegetación, esto afectaría gravemente el abastecimiento de agua de los vecinos.

Respaldados por los datos suministrados por el AyA, los vecinos presentaron un recurso de amparo en la Sala IV, que fue declarado con lugar y que exigía un estudio de impacto ambiental y otro hidrogeológico.

Ambos estudios fueron aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), pero la comunidad interpuso una acción legal que ha paralizado la siembra de la fruta, mientras que el AyA verifica esos informes.

De acuerdo con Luis Agüero Garro, vecino de la comunidad de Santa Rosa, la mayoría de los habitantes están de acuerdo con la moratoria, incluso con evitar que se desarrolle este cultivo en la zona, pues consideran que los problemas serían muy serios.

“Existen muchas inquietudes; algunos vecinos que se encuentran lejos del área de contaminación consideran que sería bueno tener la piñera, pues habría más trabajo. Sin embargo, quienes estamos cerca del acueducto sí nos veremos muy afectados. Pero la mayoría en Santa Rosa consideramos que lo mejor es desarrollar ahí otro tipo de agricultura”, expuso Agüero.

Inclusive, los habitantes de la comunidad ya han conversado con personeros de la empresa, ofreciéndole la opción de sembrar palma en lugar de piña, pero no han tenido una respuesta positiva.

“Hemos visto muchas experiencias en que las piñeras afectan el ambiente, incluso a las otras actividades económicas, pues si no controlan bien a la mosca de la piña se afecta el ganado, la producción de leche y se contamina el agua”, explicó el vecino de Santa Rosa.

Agüero aseguró sentirse confiado en un cien por ciento de que el acuerdo de la municipalidad quedará en firme, ya que esto les permitirá tener el apoyo municipal en este tema, aunque está consciente de que no deben bajar la guardia.

Por su parte, Mauricio Álvarez, docente del Trabajo Comunal Universitario sobre comunidades y conflictos ambientales de Kioscos Ambientales de la UCR, afirmó que han apoyado a la comunidad en este proceso y están solicitando al Gobierno la moratoria  en tanto no exista una debida planificación, estudios y ordenamiento territorial, para ver si es posible desarrollar la actividad en la zona.

“El problema es que algunas personas solamente están viendo los beneficios a corto plazo, que son los empleos que pueda generar la piñera, pero los municipios de la zona carecen de planes reguladores y los estudios demuestran que la actividad genera una gran contaminación; inclusive hay datos que confirman que a kilómetros de una plantación se expanden los químicos”, contó Álvarez.

Según el funcionario de la UCR, para la actividad que se llevará a cabo el 28 de enero, los organizadores han pensado convocar a los ciudadanos de Santa Rosa, a profesionales en distintas áreas, regidores y alcaldes de otras comunidades, así como a los diputados de la zona.

Para Agüero, la idea es involucrar a muchas personas de diversas áreas, pues conforme las comunidades se han opuesto a las piñeras, estas han optado por irse a lugares como Guatuso, Los Chiles y Upala.

Comunidades como Siquirres y Guápiles ya han implementado una moratoria contra estos cultivos y otras están en el proceso.

Efectos colaterales
La plantación de piña en zonas como Santa Rosa provoca una serie de problemáticas y el primer impacto son los conflictos sociales, dado que las comunidades se ven divididas, en virtud de que algunas personas la perciben como una opción para obtener empleo y fuentes de trabajo, y están los que se preocupan por los efectos de salud y contaminación a largo plazo.

“Otro impacto es la concentración empresarial de las tierras; en este caso son entre 50.000 a 70.000 hectáreas que han pasado de las manos de pequeños y medianos propietarios, a las de una sola compañía; esto significa expulsar a la gente de la economía”, lamentó Agüero.

Adicionalmente, los ganaderos se ven muy afectados, por cuanto además de sufrir un deterioro en las ayudas estatales que recibían, sus animales son atacados por la mosca de la piña, lo que resulta en la pérdida de un kilo de carne por día y la plaga es muy difícil de eliminar.

También se ve afectada la soberanía alimentaria, manifestó el experto, al dejar estas zonas de producir arroz, frijoles, carne, tubérculos y otros alimentos básicos para la dieta cotidiana y que ayuda a la economía local, para ser dedicadas a la siembra de piña, con el único beneficio de recibir un salario un grupo de gente.

Una decisión conjunta
En la actividad que se llevará a cabo el 28 de enero, no solamente sesionará la municipalidad de Pococí, sino que se le unirá el Concejo de Guácimo, para informarse aun más sobre los problemas que se generan por las piñeras.

“En Guácimo logramos una moratoria en la parte sur del cantón, que es la zona alta; nos acogimos a la Ley de Biodiversidad y al artículo 50 de la Constitución Política, pensando en que como municipio debemos garantizar la vida saludable a los pobladores y prever los daños ambientales”, indicó Herlinda Quesada, regidora del gobierno local de Guácimo.

Fue en esos términos en que la municipalidad de este cantón estableció la moratoria a las piñeras y lo han hecho anualmente, pues no cuentan con plan regulador; pero, en el momento en que este sea aprobado, será posible asegurar la moratoria permanente.

Quesada destacó que con este proceso al menos se han asegurado de que no se instalen nuevas plantaciones, ya que pretendían sembrar alrededor de 300 hectáreas de piña.

“Esto lo impulsamos debido a que en las zonas donde tenemos plantaciones, se ha dado una fuerte contaminación de las aguas superficiales, e inclusive se han visto afectadas las subterráneas; hay un desequilibrio ambiental y se ha incrementado la erosión de los suelos y las inundaciones. De hecho, antes se requería de un temporal de varias semanas para tener una inundación, y ahora solo un día que llueva mucho”, afirmó la regidora.

El día que se realicen ambas sesiones, se tomará la decisión de la moratoria entre los dos municipios y se les informará a los participantes sobre el tema y los efectos de las piñeras.

Consultado al Presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Abel Cháves, dijo desconocer las condiciones de la zona de Santa Rosa y las razones de fondo para pedir de la moratoria, por lo que se abstuvo de dar declaraciones.

La decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo lugar luego de intensas campañas y denuncias por parte de comunidades y organizaciones ambientalistas ticas ante un proyecto que contaba con el beneplácito y la complicidad del poder político en ese país.

La complicidad llegó al punto de que el ex presidente Óscar Arias lo declaró de “interés público” y “conveniencia nacional”, tratamiento que fue continuado por la actual presidenta Laura Chinchilla.

El proyecto minero estaba programado para construirse en Crucitas de San Carlos, en la región Huetar Norte de Costa Rica, a unos tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

Además, los jueces ordenaron a la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), eliminar la concesión a la minera de capitales canadienses Industrias Infinito, pero también buscan hacer responsable penalmente a las autoridades -entre ellas el ex presidente Arias- que habilitaron los permisos iniciales sin tener en cuenta el daño ambiental y social que representaba.

La sentencia, que se hará firme el próximo 14 de diciembre, fue recibida como un verdadero triunfo por parte de organizaciones comunitarias y ambientales que aguardaban, según las crónicas, en las afueras del tribunal. Y la misma ordena tanto a Industrias Infinito como al propio Estado costarricense el pago de una indemnización al país y a las comunidades por los daños ambientales causados en la zona.

Caminatas y vigilias

Dos caminatas de 170 kilómetros cada una, además de una vigilia y ayuno de cien horas, fueron las herramientas de movilización contra el proyecto Crucitas y contra las concesiones mineras a cielo abierto brindadas a trasnacionales en Costa Rica.

Asimismo, a comienzos de este mes de noviembre la Asamblea Legislativa daba un paso más en defensa de la soberanía de los recursos minerales al prohibir luego de arduos debates la minería metálica a cielo abierto en el país. El cerco comenzaba a cerrarse en torno al proyecto Crucitas.

Estos pasos, sustentados en decenas de instancias comunitarias, consultas públicas y movilizaciones jalonaron la decisión del Tribunal, que representa motivo de celebración en Costa Rica hoy, pese a que el gobierno de Laura Chinchilla no se ha pronunciado y espera se formalice la sentencia.

Oro o juicios

Pocas horas después de conocerse el fallo Radio Mundo Real recogió el testimonio de Javier Baltodano, miembro de Coecoceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica quien destacó la enorme importancia de esta decisión: “éste es un juicio que ganó el Planeta, que ganó la Naturaleza y como movimiento nos sentimos siempre muy acompañados por el resto de la Federación”.

A su juicio, el resultado obtenido este 24 de noviembre además de ser histórico no hubiera sido posible sin la apoyatura internacional que el movimiento ambiental tico logró convocar.

Baltodano señala que el Poder Ejecutivo, que se ha llamado a silencio sobre el dictamen, “no cuenta con mucho margen de maniobra” sino acatar y suspender los decretos y permisos, al sumarse la decisión judicial a la norma parlamentaria que prohíbe la minería a cielo abierto.

Para Baltodano, resulta claro que esta decisión es “la última estocada” para esta industria extractiva en el territorio costarricense.

Una vez formalizada la decisión y transcurrida la instancia de casación, “nos quitaríamos así un enorme peso de encima”, señaló Baltodano, quien recordó que según encuestas un 98 por ciento de la población reprueba estos proyectos.

Es esperable que la compañía canadiense intente doblegar la decisión soberana a través de amenazas de juicios de indemnización, expresó el activista ambiental.

“El ex presidente Óscar Arias tuvo una responsabilidad personal y hacia él tienen que ir dirigidas las flechas en caso de un juicio de parte de la empresa minera”, insistió Baltodano subrayando que el Tratado de Libre Comercio signado por costa Rica con Canadá precisamente ambienta este tipo de demandas.

“La empresa es responsable porque siguió adelante con el proyecto a pesar de que había una legislación muy clara y contundente que se lo prohibía. Siguió adelante auspiciada por los políticos de turno y son ellos los responsables a quienes se deberían pedir indemnizaciones y no al Estado de Costa Rica”, señaló.

Fuente: http://www.radiomundoreal.fm/Mas-valioso-que-el-oro
Audio para descargar: http://www.radiomundoreal.fm/get.php?file=IMG/mp3/2511-ie-oro-esp.mp3

Foto: http://www.ticotimes.net/

ADVIERTEN QUE DOS DECRETOS DE LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL DR-CAFTA PODRÍAN CAMBIAR DE MANERA IMPORTANTE LA LEY QUE HA SIDO RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE.

La Ley de Biodiversidad, que recibió un importante reconocimiento del Consejo Mundial del Futuro (WFC) esta semana, está en peligro por dos decretos emitidos en el gobierno anterior, que la modificarían de manera importante.

Esta es la denuncia que realizó la Red de Coordinación en Biodiversidad, tras conocer que el 25 de octubre la Ley 7788, recibió el premio “Future Policy 2010”, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se realizó en Nagoya, Japón.

Las integrantes de esta red, Silvia Rodríguez, Grace García y Eva Carazo, celebraron el que la ley promulgada en 1998 recibiera el aplauso internacional, por tratarse de una política muy completa en materia de biodiversidad.

Al mismo tiempo, denunciaron que la ahora galardonada Ley de Biodiversidad se encuentra amenazada por los cambios que se le pretendieron realizar con la llamada “Agenda de Implementación” del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA).

DECRETOS DAÑINOS

El primero de los decretos denunciados por la Red de Coordinación en Biodiversidad es el 34959-MINAET-COMEX (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones-Ministerio de Comercio Exterior), en el cual se introduce una modificación al artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.

Eva Carazo explicó que este artículo establece que el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y campesinos no se puede patentar.

Sin embargo, el mencionado decreto añade que este conocimiento no se puede patentar cuando “no cumplan con los requisitos de patentamiento”, lo que significa que la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad  (CONAGEBIO), solo puede oponerse si hay incumplimiento de la Ley de Patentes.

En el artículo 80 de la ley, se establecen los procedimientos para tener acceso a la biodiversidad biológica, y se crea la CONAGEBIO para su manejo.

En este procedimiento se establece que antes de dar propiedad intelectual o industrial sobre cualquier invento que involucre biodiversidad, se debe entregar a la CONAGEBIO un certificado de origen que indique de dónde se tomó el recurso, y un consentimiento informado que demuestre que se pidió permiso para tener acceso a un ser vivo que se utiliza.

Dicho artículo también fue objeto de modificaciones en otro decreto relacionado con las leyes de implementación del TLC, lo cual dejó prácticamente sin potestades a la CONAGEBIO.

“Si se incumple cualquiera de los requisitos de la Ley de Biodiversidad para ampliar la protección, esto no sería motivo válido para que la CONAGEBIO se oponga, y si se opone, su criterio no es vinculante”, afirmó Carazo.

“Desaparece la función de la CONAGEBIO como reguladora y vigilante de la biodiversidad, y que tiene además la característica de ser el órgano que ostenta la representación de diferentes sectores como el Consejo Nacional de Rectores, ecologistas, indígenas y campesinos, entre muchos otros”, añadió.

Silvia Rodríguez, vocal y fundadora de la Red de Coordinación en Biodiversidad, recordó que estos decretos fueron proyectos de ley que formaron parte de la llamada “Ley Escoba” para implementar el TLC a finales del año 2008.

En esta ley, los diputados del gobierno pasado, pretendieron juntar varias modificaciones en materia de propiedad intelectual en un solo proyecto, para cumplir totalmente las exigencias de la Agenda de Implementación.

No obstante, la Sala Constitucional indicó que estas modificaciones requerían de una consulta a los pueblos indígenas, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para evitar la consulta, el gobierno de Óscar Arias eliminó del proyecto de ley los artículos que le podían causar conflicto, y los convirtió en dos decretos, que ahora están suspendidos por la presentación de recursos de amparo ante la Sala Constitucional.

Rodríguez comentó que a Estados Unidos y a otros países desarrollados les “estorban” los requisitos y certificados que dispone la Ley de Biodiversidad costarricense sobre el acceso a los recursos naturales del país.

“En la discusión que se realiza en Nagoya, la presentación de certificados de origen es uno de los puntos de discordia. Estados Unidos no es parte del Convenio de Biodiversidad, pero aún así mandan sus delegaciones, porque no quieren que haya obstáculos para acceder a los recursos”, detalló Rodríguez.

Además, convenios como el conocido UPOV 91 y el Tratado de Budapest, también son considerados como amenazas que dejarían sin efecto varios artículos importantes de la Ley de Biodiversidad.

DOBLE DISCURSO

Para Grace García –miembro  de la mencionada red-, el gobierno de Costa Rica maneja un doble discurso al presentarse a recibir este premio en Japón, cuando la ley premiada se encuentra amenazada por dos actos gubernamentales.

“La Ley de Biodiversidad que se premia en Nagoya deja una gran incertidumbre a nivel de Costa Rica, a las organizaciones que venimos trabajando este tema, porque su aplicación y ejecución está en entrevero”, afirmó García.

“Es una ley que nos se aplica en su totalidad, que tiene problemas presupuestarios, y que se somete a los intereses del Ministerio de Comercio Exterior. Hay reglamentación pendiente y grandes contradicciones institucionales”, criticó García. Señaló que tanto el DR-CAFTA, como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, son serias amenazas a la integridad de la ley que fue reconocida por la WFC.

Silvia Rodríguez aclaró que la Red de Coordinación en Biodiversidad no se opone a que la ley reciba un reconocimiento que en realidad merece, pues se trata de una política muy completa y que es ejemplo para el mundo.

“No podemos esconder nuestro júbilo porque la premiaron por ser pionera e integral. En otros países solo tienen una ley de acceso a los recursos, pero no avanzaron en su manejo. También se premia la forma participativa en que se diseñó esta legislación”, destacó Rodríguez.

“Pero ahora que recibe el premio, no podemos dejar pasar la oportunidad de defender la Ley de Biodiversidad de los peligros que la amenazan, y denunciar que es el propio gobierno el que la pone en riesgo”, acotó.

Esta activista aseguró que se comunicó a la WFC sobre los riesgos que se ciñen sobre la normativa que acaban de premiar, y que esto fue consignado como parte del informe de la premiación.

Eva Carazo agregó que se tienen contactos dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, por medio de los cuales se circularán comunicados para señalar las acciones del gobierno costarricense.

Rodríguez indicó que se está a la espera, desde hace casi año y medio, de una respuesta de la Sala Constitucional a los recursos presentados, y además se valoran otros recursos legales para defender la ley.

“Estamos planeando presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque simplemente un decreto no puede modificar una ley; por más que el gobierno haya dicho que solo trataban de explicar y ampliar la normativa”, comentó.

Para Rodríguez, no es posible que en Costa Rica se trate de modificar leyes con decretos, y mucho menos una ley que es la aplicación efectiva de una norma internacional como lo es el Convenio sobre Biodiversidad.

True cost of cheap pineapples in UK supermarkets. Workers in developing nations endure injury, chemicals, low wages and union repression so British consumers can pay less

Felicity Lawrence
guardian.co.uk, Friday 1 October 2010 16.26 BST

UK supermarket price wars are wrecking lives in the developing world, according to a new campaign launched tomorrow by Consumers International (CI). Recent deep cuts in the price of pineapples on the British high street have inflicted unacceptable damage on those living and working on plantations in Costa Rica, the consumer group says.

An investigation by Guardian Films [click for video], with funding from CI, has found a catalogue of environmental and social damage caused by intensive tropical fruit production in Costa Rica, from where three-quarters of pineapples sold in the UK come.

Our findings include evidence that:

• The constant use of agrochemicals has led to contamination of drinking-water supplies to communities around the plantations. One group of villages, bordering plantations that either supply or are owned by Del Monte, has been forced to collect water from tankers for more than three years.

• Repeated chemical accidents have inflicted serious damage on the local environment. In June this year, a fire at a chemical dump used by the multinational trader Dole caused a toxic cocktail to spill into the nearby river. Fish and other wildlife including crocodiles were killed along miles of waterways. The pesticide involved is sprayed by Dole on its bananas. Dole told us that it was co-operating with the authorities investigating the accident.

• Workers reported suffering serious health problems from exposure to the chemicals used on pineapple plantations, including in some cases accidental chemical poisoning on Del Monte and Grupo Acon farms. Grupo Acon supplies Tesco, Asda, Dole and Fyffes.

• Price cuts in European supermarkets have led to wages being drastically cut by Grupo Acon, workers said.

• Efforts to join independent trade unions to improve conditions are said to have been met with repression and mass sackings on Del Monte and Grupo Acon plantations.

Consumers International, which acts as an umbrella group for independent consumer organisations across Europe, says its own research has shown that conditions in Costa Rica’s tropical fruit industry are unacceptable. It accuses supermarkets such as Tesco and Asda of complicity despite their public commitments to source food responsibly.

“Their positive intentions are being undermined by retail price cuts and aggressive procurement practices that lead to cuts in wages and insufficient resources to improve working practices,” said Catherine Nicholson, CI’s programme co-ordinator. “Consumers want low prices but not at the cost of fair living conditions for producers.”

Del Monte, which exports 50% of Costa Rica’s pineapples, told us it had strict controls on chemicals to minimise accidents. It said that the government was monitoring the drinking water situation. It also said that all its workers were free to join unions. Grupo Acon did not respond to the allegations in our film but later said that it had strict protocols to deal with accidents. Dole declined to comment on conditions at its supplier. Fyffes, supplier to Asda of some Grupo Acon fruit, told us that it had checked in audits and was satisfied that all its suppliers had an open attitude to unions and did not discriminate against union members. Asda told us that it had reiterated to suppliers the high ethical standards expected of them.

Tesco told us that it was already actively engaged in improving standards: “After two years working with suppliers in Costa Rica, we have brokered agreement to invite independent labour experts to review labour practices and identify ways to strengthen them. That project is underway and is examining issues including pay, labour relations, seasonal labour and health and safety.”

Full investigation in Weekend magazine in Saturday’s Guardian.

Acceda aquí a otro artículo sobre el mismo tema llamado “Bitter fruit: the truth about supermarket pineapple”

]]> http://coecoceiba.org/2010/10/04/el-verdadero-costo-de-las-pinas-a-buen-precio-en-supermercados-del-reino-unido/feed/ 0 http://coecoceiba.org/2010/09/27/unos-metales-son-utiles-otros-no-tanto-si-necesitamos-oro-%c2%a1saquemos-el-de-los-bancos-y-dejemos-en-paz-a-nuestra-madre-tierra/ http://coecoceiba.org/2010/09/27/unos-metales-son-utiles-otros-no-tanto-si-necesitamos-oro-%c2%a1saquemos-el-de-los-bancos-y-dejemos-en-paz-a-nuestra-madre-tierra/#comments Mon, 27 Sep 2010 04:00:36 +0000 Info http://coecoceiba.org/?p=1065 Publicado en  La Nación, 27 de Setiembre del 2010

Unos metales son útiles, otros no tanto.

• Si necesitamos oro, ¡saquemos el de los bancos y dejemos en paz a nuestra madre tierra!

Don Juan Carlos Obando, gerente corporativo de Industrias Infinito, en su artículo del 22 de setiembre, nos recuerda que la minería es en cierta medida necesaria para mantener una calidad de vida apropiada. El acero se hace a partir de hierro extraído de minas y es útil; algunos de los materiales de construcción como la piedra y la arena son extraídos de tajos que son minería.

Esto no es el caso del oro. El oro es una especie de fetiche y su principal uso es ser acumulado en grandes y superprotegidas bóvedas en las principales capitales del mundo ya sea como joyas lujosas o como lingotes.

Se estima que el 35 % de las existencias mundiales de oro se encuentran en Bancos Centrales o en inversiones y más del 50 % es joyería. Solamente el 12 % se usa en la industria. En una especie de chisme en torno a las existencias de oro que tiene Canadá (de donde es originaria la compañía Industrias Infinito) se estimó que estas rondaban las 60.000 onzas, embodegadas bajo paredes acorazadas (www.neurosoftware.ro/finance/tag/lenny-organ/).

Caminando por los preciosos bosques que aún quedan en la zona norte, regocijado con los maravillosos árboles de 40 o más metros y la gran variedad de organismos que ahí viven, me he preguntado porqué los señores de Industrias Infinito, en vez de querer destruir un ecosistema tan sutil, no llevan sus tractores a las arcas de ScotiaMocatta en Toronto donde se mantiene, sin hacer nada, todo ese oro. De esta manera, causarían mucho menos destrucción. Si realmente necesitamos el oro para algo útil, ¡saquemos el de los bancos y dejemos en paz nuestra madre tierra!

Las palabras de Don Juan Carlos, por otro lado, también recuerdan las noticias que se leían en un diario costarricense en mayo del 2008: “La Mina Bella Vista fue publicitada como modelo en todo el continente americano, por cuanto la empresa, de capital canadiense, se comprometió a que al cierre de operaciones, cumplidos los 12 años de funcionamiento, dejarían el sitio reforestado para ser usado como un parque ambiental, hasta con un lago en el centro donde se pudieran liberar peces de todas las especies”.

Para esas fechas, sin embargo, esas promesas se convirtieron en un desbarranco donde miles de toneladas de tierra cianurada y cargada de metales pesados amenaza con contaminar varias nacientes, el río Ciruelas y el mismo golfo de Nicoya.

Los $250.000 que dejó la empresa minera como garantía no alcanza para desarrollar las obras de contención necesarias.

La empresa huyó, llevándose 200.000 onzas de oro y dejándonos el desastre’ Cuando el río suena, ¡es que piedras trae!

El aceleramiento de las negociaciones para firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) entre los países de América Central y los gigantes asiáticos genera preocupación entre las organizaciones sociales. Uno de los casos más paradigmáticos es Costa Rica, donde las organizaciones ambientalistas como COECOCeiba – Amigos de la Tierra, temen que estos procesos consoliden la “triangulación comercial” de potencias como China, que seguramente pretenda colocar sus productos en el resto de la subregión y en Estados Unidos.

Grace García, integrante de COECOCeiba, estuvo la semana pasada en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, para plantear su preocupación ante la eminente ratificación del compromiso político de Costa Rica para avanzar hacia la firma de un TLC con China.

En una entrevista con Radio Mundo Real, la activista costarricense alertó por una “ola de negociaciones” para firmar tratados comerciales que promueve la presidenta Laura Chinchilla y su ministra de Comercio Exterior, Anabel González. Esto incluye las tratativas con China y Singapur, y además la posibilidad de establecer un marco de diálogo con Corea del Sur, aunque todavía no está confirmado.

“No es conveniente embarcarse en una negociación como éstas ante un gigante tan poderoso como China, por las asimetrías existentes. También se han opuesto a este proceso la Cámara de la Industria de la Alimentación y los sindicatos. Uno de los temas delicados es la legislación laboral y ambiental que tiene China, diferente a la de Costa Rica”, comparó.

COECOCeiba es una de las pocas organizaciones ambientalistas locales que ha hecho un monitoreo sobre los impactos del TLC, y por eso fue tenida en cuenta para exponer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa.

García recordó que China y Costa Rica firmaron un acuerdo de promoción de inversiones en octubre de 2007, y por eso hace una semana fue convocada la Asamblea Legislativa para discutir su ratificación. “Sin eso la negociación perdería sentido, porque es el marco jurídico para negociar un TLC”, explicó.

Y luego advirtió: “Nos preocupa mucho que Costa Rica sea utilizada por China para triangular con los Estados Unidos, porque eso tendría impactos para algunos productores nacionales como los de arroz. Además no conocemos cuál es la verdadera calidad de los productos que vienen de China, qué normas fitosanitarias tienen y cómo se van a instalar en nuestro mercado”.

En materia ambiental, los negociadores chinos han manifestado su interés por mejorar la cooperación en temas como cambio climático, manejo de desechos sólidos y conservación de los parques nacionales. “Nos llama la atención que China quiera cooperar en estos temas cuando internamente no son aspectos que ellos tengan en cuenta o hayan logrado avances, China por ejemplo no ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica”, manifestó la integrante de COECOCeiba.

Los diputados de Costa Rica, según García, no estaban interiorizados de la existencia de un acuerdo de promoción de inversiones con China. “No era un tema que estaba en la agenda, se hablaba de las negociaciones del TLC pero no tenían en cuenta el acuerdo de inversiones, que no está ratificado por nuestro congreso”, detalló.

Otro tema que deberán discutir los parlamentos de la subregión es la ratificación del acuerdo de asociación económica entre América Central y la Unión Europea, firmado en mayo de 2010. “Falta información sobre qué se ha negociado y tenemos una correlación de fuerzas complicada, entre mayorías parlamentarias de la derecha y gobiernos ilegítimos como el de Honduras”, se lamentó.

http://radiomundoreal.fm/Contra-la-triangulacion

“Estamos, sin duda, ante una victoria de enorme significado jurídico, político y moral que derrota el golpe de estado contra las libertades sindicales y detiene, por ahora, las maniobras urdidas desde el poder político y empresarial para privatizar los puertos de Limón, en detrimento del interés público y de la ética republicana”, expresó el FA.

“Ronaldo Blear y sus compañeros han sido sometidos desde el poder político, mediático y empresarial a una intensa campaña de difamación. Su delito es tener honradez, patriotismo y honor, resistiendo la embestida de los poderosos y negándose a venderse y entregar los muelles de Limón, a cambio de la posibilidad de llenarse los bolsillos con el botín de 80 mil millones de colones ofrecidos de jugosa mordida por el gobierno”, agregó el partido.

En ese sentido la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anep), reconoció la crucial participación del jefe de fracción del FA, José María Villalta, quien “acudió al tribunal constitucional en defensa del Estado de Derecho”.

“Igualmente, nos sentimos orgullosos del aporte, en igual nivel, que desde la Anep hicimos para esta causa”, añadió la Asociación, para quien “es de honrar la voluntad inquebrantable de la legítima dirección sindical de Sintrajap, encabezada Blear”.

“Jamás se rindieron y demostraron que la defensa de principios en el Movimiento Sindical y a favor del bienestar popular, sigue siendo una causa absoluta e imprescindiblemente válida”, comentó Anep.

Exigen renuncia de ministros de Presidencia y Transporte

Para Anep, el fallo de la Sala Constitucional evidencia que tanto el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, como el de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, atendieron a las “instrucciones de los señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez y urdieron la maniobra política en contra de la dirección legítima de Sintrajap, que constituyó un verdadero Golpe de Estado sindical”.

“Ambos deben renunciar a sus cargos: ya no solamente porque quedó en evidencia la brutal ilegalidad de tal acto anti sindical, sino porque empiezan ahora a ser visibles los entretelones del turbio proceso de concesión que se quiere imponer para la privatización de los muelles de Limón y de Moín”, declaró la asociación sindical, reiterando que hasta la misma Asamblea Legislativa conformó comisión investigadora al respecto, incluso con el apoyo de la fracción parlamentaria oficialista.

La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar.
El FA apoyó esta posición y recalcó que “es hora de exigir responsabilidades políticas y judiciales a quienes promovieron este grosero ataque a las libertades sindicales y al interés nacional”.

“Los hermanos Arias Sánchez, los jerarcas del ministerio de Trabajo y el entonces presidente ejecutivo de Japdeva y hoy ministro de Transporte, Francisco Jiménez, deben rendir cuentas al país por sus indecentes maniobras y responder ante ellas política y penalmente como seguramente se desprenderá de la investigación que inicia su curso en la Asamblea Legislativa”, acotó el partido político, que también condenó “complicidad y la complacencia” de la presidenta, Laura Chichilla, y de su gabinete.

“Llamamos al pueblo democrático y decente a celebrar y a mantenernos vigilantes. La lucha continúa, y no debe parar hasta derrotar a los vende patrias y salvar para el país los puertos de Limón, fuertes y modernizados al servicio del interés público y no de minorías egoístas”, exteriorizó el FA.

La concesión: una mordida de 80.000 millones de colones

“Hoy queda todavía más claro ante el país, que el proceso de concesión de los puertos de Limón responde a obscuros e inconfesables intereses de fuerzas locales e internacionales, que no dudan en recurrir a métodos mafiosos para continuar entregando el patrimonio nacional al poder del dinero y de los negocios”, sentenció el FA, refiriéndose a la posible concesión los muelles limonenses, que actualmente es cuestionada hasta por los congresistas costarricenses y repudiada por un sector importante de la población.

Así, Anep también explicó que el fallo de la Sala hace que la renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez.

“Esto quiere decir que se cae, totalmente, la “oferta” de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno de los 137 millones de dólares (80 mil millones de colones) algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia”, señaló la Asociación.

“Lastimosamente, el ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) queda en entredicho”, agregó Anep, para quien lamentable que instituciones tan importantes para el país hayan ido “contra toda lógica, contra todo principio y contra toda la normativa internacional en materia de Libertad Sindical” y procedieran “a inscribir a la dirección sindical golpista, dándole legitimidad a un proceso completamente espurio desde su propia gestación”.

Por esto, el sindicato espera que el jerarca del Departamento de Organizaciones Sociales, José Joaquín Orozco; los representantes del MTSS, Eugenio Solano y Alfonso Solórzano; y el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro González, den explicaciones públicas al respecto y rindan cuentas de su “ilegal proceder”.

“Jamás debe entregarse la soberanía jurídica de la cartera de Trabajo y Seguridad para poner y quitar dirigencias sindicales; mucho menos para colocar “dirigentes” afines a los gobiernos de turno, queriéndose acabar con la autonomía y la independencia de los sindicatos honestos”, manifestó la Asociación.

“Esperamos que, en este nuevo marco de condiciones, se agilice el proceso de tramitación de la acusación penal que presentamos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en torno al ofrecimiento del soborno de los 80 mil millones de colones; acusación contra los señores Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Álvaro González Alfaro, Marco Antonio Vargas Díaz y Francisco Jiménez Reyes”, concluyó Anep.

Sobre el fallo de la Sala IV

El día de ayer los magistrados constitucionales ordenaron restablecer inmediatamente en sus puestos a varios miembros de la Junta Directiva de Sintrajap, entre ellos Ronaldo Blear, luego de que fueron destituidos ilegalmente de sus cargos por el ministerio de Trabajo.

El fallo, motivado por dos recursos de amparo impuestos por Blear y el diputado Villalta, declaró que el reemplazo de la Junta Directiva no tuvo el debido proceso, por lo cual va en “detrimento de las garantías del debido proceso, la libertad sindical y el principio democrático”.

Además, la Sala indicó que “en la realización de la Asamblea General Ordinaria en cuestión no se respetó el procedimiento legal establecido para tal efecto en el estatuto del sindicato”.

“Se anulan los acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria realizada, por el Sintrajap, el ocho, quince y veintinueve de enero de dos mil diez, así como la designación de la nueva Junta Directiva”, señaló el tribunal constitucional.

También se condenó a la junta directiva que reemplazó a los sindicalistas al pago de las costas, daños y perjuicios causados con sus acciones.

Fuente: http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&edicion=20100827&ref=26-08-100003

García hizo esta afirmación en el marco de los estudios que se realizan para la aprobación o no del expediente 17.672, por medio del cual se da trámite al TLC con China.

De acuerdo con la ecologista, las condiciones entre las dos naciones planteadas en el convenio tienen fuertes asimetrías y es absolutamente claro que en el país asiático no se aplican las normas ambientales, ni externa ni internamente.

“China avanza de manera acelerada hacia la industrialización y el tema ambiental no es una preocupación para ellos”, manifestó García.

La representante ambientalista también agregó que prueba contundente de la posición de China en materia ambiental es que no es firmante del Protocolo de Kioto, a pesar de ocupar el primer puesto en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, y tampoco juega un papel importante en la discusión mundial sobre la reducción de gases de efecto invernadero.

Indicó que dentro de la misma Unión Europea se están analizando las condiciones internas para ver como se incorpora a China en una discusión bilateral sin que esto no afecte los temas ambientales.

“No logro entender la posición de Costa Rica que, mientras impulsa, ejerce y promueve una política internacional en materia ambiental, de cambio climático y de conservación, impulsa un tratado con una potencia mundial que no acata ni convenios internacionales, ni tampoco ninguna legislación interna sobre esos mismos temas”, declaró la ambientalista.

Añadió que, en este convenio internacional, se está viendo solo el intercambio de bienes y productos y no se incluye nada más a pesar de que hay acuerdos de cooperación agrícola, transferencia tecnológica, intercambio de cooperación en temas de investigación, desarrollo turístico, rural, ecológico, en los que interviene la materia ambiental.

Fuente: http://www.informa-tico.com/?scc=articulo&ref=19-08-100015