En el marco de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) en n San José de Costa Rica en mayo del 2012, COECOCeiba AT desea invitar a un foro-encuentro sobre el “Papel de las Organizaciones Ecologistas y el Movimiento Social Latinoamericano frente a la Economía Verde y el proceso a Río +20 en junio del 2012 en Brasil”

Este foro-encuentro se llevará a cabo el jueves de 10 de mayo en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa a las 6:30 pm, con la participación de los compañeros Diputados Lic. Jose María Villalta del Frente Amplio y el Msc. Juan Carlos Mendoza ex-presidente de la Asamblea Legislativa, además de los compañeros Lic Isaac Rojas R de COECOCeiba AT, Arq. Fernando Campos de Amigos de la Tierra Brasil, Natalia Atz de Ceiba Amigos de la Tierra Guatemala, con la moderación de Msc. Yamilieth Astorga Espeleta directora del PROGAI de la Universidad de Costa Rica, también esta invitada la Vice-Ministra de Ambiente Ana Lorena Guevara.

Es importante destacar que la intención es exponer los diferentes puntos de vista sobre el proceso de mercantilización de la naturaleza y la normativa e institucionalidad de las nuevas tendencias para solventar las distintas crisis ambientales que enfrentamos actualmente, además de dar a conocer desde las propuestas de los movimientos sociales latinoamericanos el proceso de Río+20 con la Cupula de los Pueblos que se llevará a cabo en Brasil en junio previo a la conferencia oficial.

Esperamos su participación a este evento.

Isaac Rojas / COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica | 26 abril 2012

Finanzas y biodiversidad. En la coyuntura actual, las finanzas y su relación con la Naturaleza han cobrado mucha importancia.

El sistema financiero cumplía la función de canalizar recursos ahorrados desde quienes tenían superávit hacia quienes querían invertir o hacia quienes querían consumir por encima de sus recursos. En este escenario los bancos se convertían en intermediarios al recoger los recursos ahorrados y traspasarlos hacia la inversión y el consumo de préstamos. Luego en los años sesenta se dio una baja rentabilidad en el sistema, provocando una crisis estructural que causó gran inflación y ésta a su vez, determino la erosión en los patrimonios financieros.

Desde ese momento, las reformas económicas, políticas y financieras estuvieron destinadas a garantizar que las finanzas predominaran sobre lo productivo consolidando una nueva configuración económica. Así y desde la década de los setenta el ámbito financiero empezó a dominar y determinar el funcionamiento de la producción y esto es lo que se conoce como financiarización. Se reformuló los fundamentos de la economía real: se crearon nuevos activos financieros y así emergieron nuevas “commodities” [nuevos bienes de consumo, nuevas mercancías] y mercados. La financiarización es más que un nuevo paso de la “comodificación”; es la reducción del valor de todo lo que se intercambia a un instrumento financiero intercambiable o un derivado de un instrumento financiero. En este proceso los mercados financieros así como sus instituciones y élites, ganaron enorme influencia sobre la política económica. A su vez, todas estas reformas se traducen en mayor explotación social, laboral y ambiental.

Actualmente, las finanzas penetran todos los mercados de “commodities” y su funcionamiento se expande desde las áreas de reproducción de los sistemas sociales (como pensiones, salud, educación y alquiler) hacia el manejo de los recursos naturales. En tanto que estos últimos se convierten cada vez más en cosas (con precio para comprarlas y venderlas y privatizarlas de esta forma) son más susceptibles de que sean objeto de la financiarización. Esto permite su control.

La financiarización, para ser realidad, necesita que la Naturaleza tenga un precio. Lo que hoy conocemos como pago por servicios ambientales (PSA), es una de las propuestas fundantes para permitir ponerle un precio a la Naturaleza. Este mecanismo y su lógica, han sido retomados y llevados a amplitudes mayores por el estudio conocido por sus siglas en inglés como TEEB (economía de los ecosistemas y la biodiversidad). El PSA se ha justificado diciendo que la biodiversidad se pierde aceleradamente y que si esto es preocupante es necesario contar con grandes cantidades de dinero para detener esta pérdida. Las causas de esta situación son diversas, nos dicen, pero una de las más importantes es que al ser la biodiversidad un bien común, nadie lo protege. A su vez, los países en desarrollo no cuentan con los recursos financieros para detener la pérdida de biodiversidad —que cuesta mucho dinero— y los Estados de países desarrollados cada vez aportan menos —a pesar de obligaciones internacionales al respecto— y de ahí la importancia de que el sector privado participe aportando los recursos financieros. De esta forma, es necesario encontrar nuevos mecanismos financieros y de mercado (innovadores les llama la Convención en Diversidad Biológica-CDB) que permitan generar ese aporte financiero. Cuando se dice que la biodiversidad no tiene dueño, esto se conoce como una “falla del mercado” que es necesario corregir: “la degradación ambiental es una falla del mercado ya que la ausencia de derechos de propiedad sobre los bienes comunes (como el aire y el agua, por ejemplo) constituye un incentivo para que no haya ningún incentivo para la preservación, dando origen al que se llama tragedia de los bienes comunes”.

Este análisis nunca profundiza en las causas que provocan esa pérdida de biodiversidad y cuando algún documento lo hace, no cuestiona nunca la estructura de poder que permite esa destrucción.

La propuesta dominante en todo sistema de pago por servicios ambientales es que la persona —física o jurídica— propietaria del territorio donde la Naturaleza brinda esos “servicios”, sea compensado en términos económicos por los costos de su conservación o a veces, de su creación. Hoy en día, el concepto de PSA es ampliado para abarcar y crear mercados de PSA donde los mismos puedan ser comprados y vendidos en distintas formas. Los servicios ambientales incluyen los “forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como ‘servicios’, para poder mercantilizarlos.” Al mercantilizar, se privatiza.

Los sistemas de PSA enfrentan la dificultad de que no puede cuantificarse en forma exacta cuánto cuesta un “servicio ambiental” y presenta un enfoque reduccionista donde valores culturales, espirituales y sociales de la biodiversidad son dejados de lado con los respectivos impactos en comunidades locales y pueblos indígenas. Al mismo tiempo, es un mecanismo que no cuestiona ni propone soluciones a las causas de la degradación ambiental. Dado que brinda tan sólo un pago por un periodo de tiempo determinado, tampoco ofrece una solución a aspectos tales como la reducción de la pobreza. Los sistemas de PSA tampoco favorecen a las comunidades locales o pueblos indígenas debido a que para optar por los mismos, se requiere una gran cantidad de requisitos. A su vez generan conflictos a lo interno de las mismas puesto que el PSA crea dueños para las funciones de la Naturaleza, lo que ocasiona una competencia por el acceso a los recursos económicos que se ofrecen: su uso siempre ha sido libre, colectivo y fuera del ámbito de la comercialización ya que no es una mercancía. En algunos casos, la comunidad no puede realizar labores tradicionales en el territorio objeto de PSA.

Si en realidad se quisiera favorecer a las comunidades locales y pueblos indígenas, la solución, más que desarrollar PSA, debería ser la promulgación de políticas públicas integrales que favorezcan el control comunitario del territorio y los bienes de la Naturaleza, fortaleciendo iniciativas ya existentes como la gobernanza comunitaria del bosque y la biodiversidad, garantizar las condiciones necesarias para que exista un ejercicio real de sus derechos históricos y colectivos como la autonomía y el control de sus tierras y territorios bajo su cosmovisión.

La financiarización en acción: si pago, puedo contaminar. La compen-sación, es una idea y un mecanismo que cada vez es presentado como una solución ante la degradación de la biodiversidad. Tal y como sucede en el cambio climático, es una falsa solución basada en la idea de que se puede contaminar y hasta destruir un determinado lugar en tanto se pueda pagar por conservar —o para que otras personas conserven— otro lugar en cualquier parte del mundo.

La lógica de ponerle un precio a la biodiversidad para que ésta sea conservada, aparece en el nuevo Código Forestal brasileño objeto de resistencia del movimiento ecologista, campesino, indígena y social de ese país. En el mismo, el bosque pasa a ser un titulo económico —llamado CRA (certificado de reserva ambiental)— y por lo tanto, un propietario de tierras o un municipio con bosque podrá emitir papeles verdes que venderá en la bolsa financiera para que quienes necesiten comprarlos puedan hacerlo y compensen así (ésa es la suposición) la contaminación o degradación que generan por medio de sus actividades en otro ecosistema o cuenca hidrográfica. Esto significa que se puede degradar el bosque en tanto se tenga recursos financieros para comprar en la bolsa.

La compensación en materia de biodiversidad es una idea absurda y perversa: ¿cómo puede compensarse la destrucción de un bosque tropical lluvioso donde existen millares de organismos vivos dependientes los unos de los otros al conservar otro ecosistema distinto?, ¿se podría destruir una selva en Indonesia, Costa Rica, Uganda o Brasil si se da los recursos económicos para conservar un bosque en un país nórdico o incluso otro ecosistema en esos mismos países?, ¿cómo puede compensarse la destrucción de tan sólo un árbol que sirve como hogar a una especie de ave que está en peligro de extinción?, y ¿qué pasa con los pueblos indígenas o comunidades locales que viven allí o dependen de esos bosques? Es algo simplemente imposible y la lógica y propuesta de este mecanismo debe ser calificada como perversa. La biodiversidad es intercambiable.

Con base en la compensación se han creado varios instrumentos como las propuestas de “límites y comercio” (comercialización o intercambio de permisos de contaminación para que quien los adquiera, pueda continuar afectando negativamente la biodiversidad o servicios ambientales de un lugar o área determinada o bien, una o más especies de interés); mercado de crédito y línea base (acuerdos donde quien contamina, paga por el impacto negativo que causa a través de la compra de crédito); bancos de biodiversidad (según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, la banca de biodiversidad o de hábitat es “un sistema donde organizaciones o compañías privadas restauran, crean, mejoran o conservan un hábitat para vender unidades tangibles del mismo, créditos a plazo a un desarrollador o permisionario. Estos créditos se usarán como compensación por unidades equivalentes de hábitat que impactarán a través del desarrollo de un proyecto o la extracción de recursos naturales”). A éstos se les puede sumar muchos más que están siendo desarrollados. Al mismo tiempo, hoy en día se promueven bonos financieros para el ambiente y la CDB discute lo que se conoce como el mecanismo de desarrollo verde inspirado en el mecanismo de desarrollo limpio aplicado en materia de cambio climático.

Todos estos instrumentos promueven nuevos negocios a partir de la destrucción de la biodiversidad. En ningún momento, estos instrumentos cuestionan el modelo de desarrollo actual o las estructuras de poder que el mismo promueve. Tanto el modelo de desarrollo como sus estructuras de poder, poseen enorme responsabilidad en la destrucción de la biodiversidad. Con estos instrumentos —y la lógica que los fundamenta— más bien, se permite seguir con la actividad destructora. Por ejemplo, una empresa minera puede seguir abriendo minas de oro en todo el mundo en tanto tenga recursos financieros para comprar permisos de contaminación o unidades de conservación. Esto le permite a la minera seguir con su actividad destructora al tiempo que realiza dos acciones nuevas. La primera es pagar para que alguien conserve en algún lugar del mundo y este pago puede además significar un buen negocio al comprar y vender permisos de contaminación o unidades de conservación en las bolsas financieras. La segunda, es que puede decirle al público que está preocupada por la destrucción de la biodiversidad y por eso da fondos para la conservación. El negocio de la minera por lo tanto, es mayor.

Sin embargo, lo que vemos surgir del proceso previo de negociaciones preparatorias no apunta en absoluto en esa  dirección. El borrador del documento de acuerdos para Rio+20 refuerza el papel del mundo empresarial como promotor de la denominada economía verde, pero no dice nada en absoluto acerca del papel de las empresas en la generación de las crisis financiera, climática, alimentaria y otras.

En lugar de discutir medidas alservicio del interés público, la ONU y sus Miembros están dedicados solamente a formular propuestas que benefician a determinadas compañías y sectores  empresariales, y presionan por reformas de las políticas públicas con el fin de colocar sus ganancias por encima de los derechos de los pueblos. Amigos de la Tierra Internacional (FoEI-ATI), La Vía Campesina, Jubileo Sur/Américas, Transnational Institute (TNI), la Red del Tercer Mundo (TWN), Corporate Europe Observatory, la Marcha Mundial de las Mujeres, Polaris Institute, el SERPAJ-AL (Peace and Justice in Latin America) y el Consejo de Canadienses se proponen alertar a la opinión pública acerca del hecho que ese es en gran parte el resultado del copamiento de la ONU y de muchos de sus Miembros por el sector empresarial.

El cabildeo de los grupos de presión empresarial en el seno de las negociaciones de la ONU ha conseguido bloquear la discusión y aprobación de soluciones efectivas a problemas asociados al cambio climático, la producción de alimentos, violaciones de los derechos humanos, suministro de agua, temas relativos a la salud, la pobreza y la deforestación. La influencia enorme que ejercen los grupos de presión empresarial y sus cabilderos y los consiguientes desequilibrios de poder existentes en algunos espacios de negociación, socavan la democracia y con demasiada frecuencia determinan la postergación, debilitamiento o bloqueo de avances urgentemente necesarios en torno a asuntos vitales de justicia social y ambiental en el ámbito internacional.

Ejemplos recientes de ese copamiento en el contexto de Rio+20 incluyen una conferencia de industriales a puertas cerradas en Holanda, respaldada por la ONU y algunos de sus Miembros y publicitada como una “Consulta empresarial y del sector industrial con gobiernos y sociedad civil”, centrada en la agenda de la ‘economía verde’ [1]. No hace falta preguntar quién está a cargo hoy en día: no son más los gobiernos quienes consultan a las empresas, ahora son las empresas quienes consultan a los gobiernos. Otro ejemplo de copamiento empresarial son los Premios Mundiales de Negocios y Desarrollo (World Business and Development Awards) [2] que este año se adjudicaran el día anterior a la sesión inaugural de la Conferencia de Rio en junio), otorgados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con la Cámara Internacional de Comercio (ICC -célebre por su cabildeo contra cualesquier medidas progresistas que pudieran plantearse al servicio del interés público), ofreciendo así una gran oportunidad de alto perfil mediático para el ‘maquillaje verde’. Nosotros consideramos que llego el momento de ponerle punto final a este copamiento empresarial.

Si estás de acuerdo con la necesidad de ponerle punto final al copamiento empresarial de las ONU, firma por favor en adhesión a la declaración conjunta de la sociedad civil y súmate a la campaña de ‘reconquista’ de la ONU. Puedes encontrar la declaración y adherir a ella en http://www.foei.org/en/get-involved/take-action/end-un-corporate-capture

La activista Soledad Vogliano, de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), advirtió en la capital de Ecuador, Quito, que la agricultura será uno de los temas fundamentales de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ONU), que se realizará en junio en Río de Janeiro, Brasil (instancia multilateral conocida como “Río+20”).

Durante las negociaciones de la 17ª Conferencia de las Partes (COP-17) de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, realizada en diciembre en Durban, Sudáfrica, se informó que el sector agroindustrial mundial aporta del 45 al 60 por ciento de las emisiones contaminantes que provocan la crisis climática.

Según denuncian algunas organizaciones de la sociedad civil de diversos países, los ideólogos de la llamada “economía verde” (corporaciones, gobiernos de países del Norte, instituciones financieras, entre otros) toman elementos importantes de las criticas al sistema capitalista de las organizaciones sociales, para usarlos a su favor. Por eso están hablando ahora de “agricultura climáticamente inteligente”. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) aparecen entre los promotores de esta nueva idea.

El 13 y 14 de abril se realizó el seminario “Capitalismo Verde, Agricultura y Bosques” en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, organizado por el Instituto de Investigaciones Ecologistas del Tercer Mundo.

En el marco de ese seminario, la activista de la RALLT, Soledad Vogliano, apuntó que una de las bases de la economía verde será una nueva formulación de las políticas agrarias globales, bautizada como “agricultura climáticamente inteligente”, que lograría una “intensificación sustentable de la agricultura” según la FAO.

El corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica, Henry Picado, presente en la actividad de Quito, grabó parte de la exposición de Vogliano.

La activista alerta que la nueva estrategia de las industrias del agronegocio y la biotecnología es tomar los discursos campesinos que hablan sobre prácticas agrícolas que enfrían el planeta. La Vía Campesina, red internacional que nuclea a organizaciones campesinas de todos los continentes, explica que la agricultura que ellos practican enfría el planeta, porque no usan grandes maquinarias, ni agrotóxicos, y venden sus productos en los mercados locales, sin grandes traslados de alimentos, entre otras razones. Los campesinos reivindican especialmente a la agroecología.

El agronegocio intenta disfrazar su accionar con el uso del discurso campesino, según Vogliano. Para ella hay una “colonización” de la “resistencia del mundo campesino”. “Es ahí donde quiere entrar la biotecnología”, señaló. “Lo que están haciendo es crear un replanteamiento confuso, donde nuestras ideas están recogidas, pero están reinterpretadas para abrirle las puertas a la industria, para implantar la idea de que se puede hacer agricultura sustentable, soberanía alimentaria y biotecnología, todo al mismo tiempo”.

Por otro lado, la integrante de la RALLT apuntó que si bien este planteamiento no explicita la utilización de los transgénicos dentro de la agricultura climáticamente inteligente, existen organismos privados como la Fundación Bill & Melinda Gates y la Federación Internacional de Semilleros que están defendiendo esa integración de los transgénicos, y los mencionan abiertamente para la adaptación al cambio climático.

Por último, Vogliano destacó que es necesario entender que pese a que en Rio+20 la agricultura entra en la agenda de temas de forma solapada, es uno de los asuntos centrales. Consideró que las organizaciones sociales tienen que confrontar el esquema de la economía verde dentro de la agricultura, a fin de que no se implante en la agenda de los gobiernos.

Foto: http://sientemag.com

(2012) Radio Mundo Real

También puede leerlo en linea en nuestra web:

Mercados de Carbono FINAL

En esta nueva mala era para el ambiente (ver artículo de opinión de enero del 2012 de COECOCEIBA en www.coecoceiba.org) vemos como no se dice estar en desacuerdo pero sí se esta. No es nuevo afirmar que el modelo de desarrollo dominante y basado en el neoliberalismo, ha provocado numerosos impactos en el ambiente. No solo nos referimos a la contaminación del aire o la de los ríos o la destrucción de bosques, selvas y biodiversidad sino también a la destrucción de una cultura donde se hace uso de los bienes de la Naturaleza sin destruirlos. Por esto, nos referimos a formas tradicionales de vida pertenecientes a Pueblos Indígenas, comunidades pesqueras o campesinas que han probado luego de muchos años, que gracias a su acción, la Naturaleza se ha conservado y algunas especies incluso han sufrido cambios positivos.

Hoy, nos empiezan a hablar de economía verde y la presentan como una forma de desarrollo donde se conservará el medio ambiente, se mejorará las condiciones sociales de la población en general y habrá crecimiento económico. Se dice que este desarrollo es distinto al actual -que favorece sobretodo el interés privado y el crecimiento económico basado entre otros aspectos, en la explotación de la Naturaleza-. El principal actor a nivel mundial que promueve esta economía verde, es el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA). Existe otras instancias internacionales como el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención en Diversidad Biológica que han empezado también a utilizar este concepto. Algunos gobiernos también comienzan a usar el estribillo de la economía verde y sabemos que será el principal punto de discusión, y seguro la principal conclusión, de la próxima reunión que se celebrará en Río de Janeiro en Brasil en junio de este año (lo que se conoce como Río + 20).

Sin embargo y luego de analizar varios documentos, entre ellos el voluminoso estudio “Hacia una economía verde” del PNUMA, nos damos cuenta que nos estan vendiendo el mismo modelo de desarrollo solo que esta vez, maquillado de verde. Es un poco como esos partidos políticos o sectores que no están de acuerdo con la protección ambiental pero no lo dicen. La economía verde no es ni más ni menos, que un intento para profundizar el actual modelo de desarrollo neoliberal donde el sector de finanzas tiene un rol cada vez más protagónico y se asegura además, un mayor predominio de las empresas transnacionales y una vigencia casi absoluta de las falsas soluciones o las verdaderas trampas (ver artículo sobre este tema en www.coecoceiba.org). Funciona más o menos así: una empresa quiere abrir una mina en la zona norte del pais. En esta área bosques y ríos y algunos de los árboles sirven de hábitat para una especie de lapa que esta en peligro de extinción. La empresa cuando va a abrir la mina, propone y el gobierno acepta, que como destruirá los bosques y los ríos, además de las lapas, podrá comprar una finca en el pacífico central donde el bosque es distinto y no viven estas aves. Así protegerá el medio ambiente y compensará el daño provocado. Además, la empresa podrá hacer un proyecto de ecoturismo en esta nueva zona de protección que le dará algunos recursos económicos adicionales a la explotación de la mina que ya tiene abierta. La empresa además podrá decir que explota un oro amigable con el ambiente porque esta conversando un área del país. Es un buen negocio para la empresa. A todas luces no puede equipararse un bosque con otro, lo que se destruye se destruye y no puede volver a reconstruirse nunca más. La empresa en realidad no compensa su daño porque esto es imposible. Lo que la empresa hace más bien, es invertir en un nuevo negocio que junto a la mina, le da más plata al tiempo que le ayuda a posicionarse en el mercado, como una empresa responable cuando no lo es, simplemente hace sus negocios privados para obtener mayores ganancias. Así y a grandes rasgos, es como funciona la economía verde: se sigue haciendo lo mismo pero se le pinta de verde para hacernos creer que nos benefician y nos ayudan cuando vemos que la cosa es muy distinta. La economía verde es más de lo mismo, no cambia lo que hay que cambiar.

El objetivo del taller fue el de informar, analizar y discutir sobre este mecanismo. En la Memoria pueden encontrar información sobre  el peligro del cambio climático, seguido por una explicación detallada sobre los orígenes y el funcionamiento del MDL.  En el taller participaron aproximadamente 70 personas de 8 países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica,  que a su vez  hicieron ponencias por delegaciones, presentando estudios de casos y opiniones sobre el MDL que provocaron una discusión sobre las repercusiones negativas en los medios de vida y el medio ambiente. El taller se completó con grupos de trabajo donde las delegaciones definieron demandas y estrategias a nivel local e internacional, así como las formas de coordinar las acciones y compartir la información pertinente. Las conclusiones y demandas se pueden leer al final del documento.

Publicado por: Grain

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Publicado por: La Coalición Mundial por los Bosques (GFC por sus siglas en inglés)