En el marco de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) en n San José de Costa Rica en mayo del 2012, COECOCeiba AT desea invitar a un foro-encuentro sobre el “Papel de las Organizaciones Ecologistas y el Movimiento Social Latinoamericano frente a la Economía Verde y el proceso a Río +20 en junio del 2012 en Brasil”

Este foro-encuentro se llevará a cabo el jueves de 10 de mayo en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa a las 6:30 pm, con la participación de los compañeros Diputados Lic. Jose María Villalta del Frente Amplio y el Msc. Juan Carlos Mendoza ex-presidente de la Asamblea Legislativa, además de los compañeros Lic Isaac Rojas R de COECOCeiba AT, Arq. Fernando Campos de Amigos de la Tierra Brasil, Natalia Atz de Ceiba Amigos de la Tierra Guatemala, con la moderación de Msc. Yamilieth Astorga Espeleta directora del PROGAI de la Universidad de Costa Rica, también esta invitada la Vice-Ministra de Ambiente Ana Lorena Guevara.

Es importante destacar que la intención es exponer los diferentes puntos de vista sobre el proceso de mercantilización de la naturaleza y la normativa e institucionalidad de las nuevas tendencias para solventar las distintas crisis ambientales que enfrentamos actualmente, además de dar a conocer desde las propuestas de los movimientos sociales latinoamericanos el proceso de Río+20 con la Cupula de los Pueblos que se llevará a cabo en Brasil en junio previo a la conferencia oficial.

Esperamos su participación a este evento.

Isaac Rojas / COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica | 26 abril 2012

Finanzas y biodiversidad. En la coyuntura actual, las finanzas y su relación con la Naturaleza han cobrado mucha importancia.

El sistema financiero cumplía la función de canalizar recursos ahorrados desde quienes tenían superávit hacia quienes querían invertir o hacia quienes querían consumir por encima de sus recursos. En este escenario los bancos se convertían en intermediarios al recoger los recursos ahorrados y traspasarlos hacia la inversión y el consumo de préstamos. Luego en los años sesenta se dio una baja rentabilidad en el sistema, provocando una crisis estructural que causó gran inflación y ésta a su vez, determino la erosión en los patrimonios financieros.

Desde ese momento, las reformas económicas, políticas y financieras estuvieron destinadas a garantizar que las finanzas predominaran sobre lo productivo consolidando una nueva configuración económica. Así y desde la década de los setenta el ámbito financiero empezó a dominar y determinar el funcionamiento de la producción y esto es lo que se conoce como financiarización. Se reformuló los fundamentos de la economía real: se crearon nuevos activos financieros y así emergieron nuevas “commodities” [nuevos bienes de consumo, nuevas mercancías] y mercados. La financiarización es más que un nuevo paso de la “comodificación”; es la reducción del valor de todo lo que se intercambia a un instrumento financiero intercambiable o un derivado de un instrumento financiero. En este proceso los mercados financieros así como sus instituciones y élites, ganaron enorme influencia sobre la política económica. A su vez, todas estas reformas se traducen en mayor explotación social, laboral y ambiental.

Actualmente, las finanzas penetran todos los mercados de “commodities” y su funcionamiento se expande desde las áreas de reproducción de los sistemas sociales (como pensiones, salud, educación y alquiler) hacia el manejo de los recursos naturales. En tanto que estos últimos se convierten cada vez más en cosas (con precio para comprarlas y venderlas y privatizarlas de esta forma) son más susceptibles de que sean objeto de la financiarización. Esto permite su control.

La financiarización, para ser realidad, necesita que la Naturaleza tenga un precio. Lo que hoy conocemos como pago por servicios ambientales (PSA), es una de las propuestas fundantes para permitir ponerle un precio a la Naturaleza. Este mecanismo y su lógica, han sido retomados y llevados a amplitudes mayores por el estudio conocido por sus siglas en inglés como TEEB (economía de los ecosistemas y la biodiversidad). El PSA se ha justificado diciendo que la biodiversidad se pierde aceleradamente y que si esto es preocupante es necesario contar con grandes cantidades de dinero para detener esta pérdida. Las causas de esta situación son diversas, nos dicen, pero una de las más importantes es que al ser la biodiversidad un bien común, nadie lo protege. A su vez, los países en desarrollo no cuentan con los recursos financieros para detener la pérdida de biodiversidad —que cuesta mucho dinero— y los Estados de países desarrollados cada vez aportan menos —a pesar de obligaciones internacionales al respecto— y de ahí la importancia de que el sector privado participe aportando los recursos financieros. De esta forma, es necesario encontrar nuevos mecanismos financieros y de mercado (innovadores les llama la Convención en Diversidad Biológica-CDB) que permitan generar ese aporte financiero. Cuando se dice que la biodiversidad no tiene dueño, esto se conoce como una “falla del mercado” que es necesario corregir: “la degradación ambiental es una falla del mercado ya que la ausencia de derechos de propiedad sobre los bienes comunes (como el aire y el agua, por ejemplo) constituye un incentivo para que no haya ningún incentivo para la preservación, dando origen al que se llama tragedia de los bienes comunes”.

Este análisis nunca profundiza en las causas que provocan esa pérdida de biodiversidad y cuando algún documento lo hace, no cuestiona nunca la estructura de poder que permite esa destrucción.

La propuesta dominante en todo sistema de pago por servicios ambientales es que la persona —física o jurídica— propietaria del territorio donde la Naturaleza brinda esos “servicios”, sea compensado en términos económicos por los costos de su conservación o a veces, de su creación. Hoy en día, el concepto de PSA es ampliado para abarcar y crear mercados de PSA donde los mismos puedan ser comprados y vendidos en distintas formas. Los servicios ambientales incluyen los “forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como ‘servicios’, para poder mercantilizarlos.” Al mercantilizar, se privatiza.

Los sistemas de PSA enfrentan la dificultad de que no puede cuantificarse en forma exacta cuánto cuesta un “servicio ambiental” y presenta un enfoque reduccionista donde valores culturales, espirituales y sociales de la biodiversidad son dejados de lado con los respectivos impactos en comunidades locales y pueblos indígenas. Al mismo tiempo, es un mecanismo que no cuestiona ni propone soluciones a las causas de la degradación ambiental. Dado que brinda tan sólo un pago por un periodo de tiempo determinado, tampoco ofrece una solución a aspectos tales como la reducción de la pobreza. Los sistemas de PSA tampoco favorecen a las comunidades locales o pueblos indígenas debido a que para optar por los mismos, se requiere una gran cantidad de requisitos. A su vez generan conflictos a lo interno de las mismas puesto que el PSA crea dueños para las funciones de la Naturaleza, lo que ocasiona una competencia por el acceso a los recursos económicos que se ofrecen: su uso siempre ha sido libre, colectivo y fuera del ámbito de la comercialización ya que no es una mercancía. En algunos casos, la comunidad no puede realizar labores tradicionales en el territorio objeto de PSA.

Si en realidad se quisiera favorecer a las comunidades locales y pueblos indígenas, la solución, más que desarrollar PSA, debería ser la promulgación de políticas públicas integrales que favorezcan el control comunitario del territorio y los bienes de la Naturaleza, fortaleciendo iniciativas ya existentes como la gobernanza comunitaria del bosque y la biodiversidad, garantizar las condiciones necesarias para que exista un ejercicio real de sus derechos históricos y colectivos como la autonomía y el control de sus tierras y territorios bajo su cosmovisión.

La financiarización en acción: si pago, puedo contaminar. La compen-sación, es una idea y un mecanismo que cada vez es presentado como una solución ante la degradación de la biodiversidad. Tal y como sucede en el cambio climático, es una falsa solución basada en la idea de que se puede contaminar y hasta destruir un determinado lugar en tanto se pueda pagar por conservar —o para que otras personas conserven— otro lugar en cualquier parte del mundo.

La lógica de ponerle un precio a la biodiversidad para que ésta sea conservada, aparece en el nuevo Código Forestal brasileño objeto de resistencia del movimiento ecologista, campesino, indígena y social de ese país. En el mismo, el bosque pasa a ser un titulo económico —llamado CRA (certificado de reserva ambiental)— y por lo tanto, un propietario de tierras o un municipio con bosque podrá emitir papeles verdes que venderá en la bolsa financiera para que quienes necesiten comprarlos puedan hacerlo y compensen así (ésa es la suposición) la contaminación o degradación que generan por medio de sus actividades en otro ecosistema o cuenca hidrográfica. Esto significa que se puede degradar el bosque en tanto se tenga recursos financieros para comprar en la bolsa.

La compensación en materia de biodiversidad es una idea absurda y perversa: ¿cómo puede compensarse la destrucción de un bosque tropical lluvioso donde existen millares de organismos vivos dependientes los unos de los otros al conservar otro ecosistema distinto?, ¿se podría destruir una selva en Indonesia, Costa Rica, Uganda o Brasil si se da los recursos económicos para conservar un bosque en un país nórdico o incluso otro ecosistema en esos mismos países?, ¿cómo puede compensarse la destrucción de tan sólo un árbol que sirve como hogar a una especie de ave que está en peligro de extinción?, y ¿qué pasa con los pueblos indígenas o comunidades locales que viven allí o dependen de esos bosques? Es algo simplemente imposible y la lógica y propuesta de este mecanismo debe ser calificada como perversa. La biodiversidad es intercambiable.

Con base en la compensación se han creado varios instrumentos como las propuestas de “límites y comercio” (comercialización o intercambio de permisos de contaminación para que quien los adquiera, pueda continuar afectando negativamente la biodiversidad o servicios ambientales de un lugar o área determinada o bien, una o más especies de interés); mercado de crédito y línea base (acuerdos donde quien contamina, paga por el impacto negativo que causa a través de la compra de crédito); bancos de biodiversidad (según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, la banca de biodiversidad o de hábitat es “un sistema donde organizaciones o compañías privadas restauran, crean, mejoran o conservan un hábitat para vender unidades tangibles del mismo, créditos a plazo a un desarrollador o permisionario. Estos créditos se usarán como compensación por unidades equivalentes de hábitat que impactarán a través del desarrollo de un proyecto o la extracción de recursos naturales”). A éstos se les puede sumar muchos más que están siendo desarrollados. Al mismo tiempo, hoy en día se promueven bonos financieros para el ambiente y la CDB discute lo que se conoce como el mecanismo de desarrollo verde inspirado en el mecanismo de desarrollo limpio aplicado en materia de cambio climático.

Todos estos instrumentos promueven nuevos negocios a partir de la destrucción de la biodiversidad. En ningún momento, estos instrumentos cuestionan el modelo de desarrollo actual o las estructuras de poder que el mismo promueve. Tanto el modelo de desarrollo como sus estructuras de poder, poseen enorme responsabilidad en la destrucción de la biodiversidad. Con estos instrumentos —y la lógica que los fundamenta— más bien, se permite seguir con la actividad destructora. Por ejemplo, una empresa minera puede seguir abriendo minas de oro en todo el mundo en tanto tenga recursos financieros para comprar permisos de contaminación o unidades de conservación. Esto le permite a la minera seguir con su actividad destructora al tiempo que realiza dos acciones nuevas. La primera es pagar para que alguien conserve en algún lugar del mundo y este pago puede además significar un buen negocio al comprar y vender permisos de contaminación o unidades de conservación en las bolsas financieras. La segunda, es que puede decirle al público que está preocupada por la destrucción de la biodiversidad y por eso da fondos para la conservación. El negocio de la minera por lo tanto, es mayor.

El material contiene 10 testimonios provenientes del trabajo e incidencia de distintos grupos de ATI, los cuales reflejan las luchas de las comunidades y movimientos, en diferentes contextos, así como sus logros y desafíos. En este trabajo, se incluye un análisis político de las distintas experiencias sistematizadas. En cada testimonio recopilado, se buscó resaltar el papel estratégico que desempeñan las prácticas de agricultura campesina/urbana agroecológica y familiar en la defensa del territorio y  en la resistencia al avance de monocultivos y otras industrias extractivas. Al valorizar la relación alimentación-semilla-biodiversidad se pretende estimular a las familias y comunidades a continuar aportando a la protección de la biodiversidad, la tierra, los bienes comunes y el conocimiento ancestral, y a seguir construyendo la soberanía alimentaria a través de su relación con la biodiversidad de sus territorios; se refleja también el papel importante que las mujeres juegan en este tema.

El Informe es un resumen de los principales temas abordados, como derechos comunitarios y bosques, REDD, expansión de monocultivos, entre otros. Se incluyen además las declaraciones  que surgieron del encuentro.

Publicado por: Grupo ETC (www.etcgroup.org)