Carta abierta al pueblo de Costa Rica

José María Villalta, diputado del Frente Amplio

La prensa ha informado ampliamente sobre la filtración de un borrador de resolución que se trabajaba a lo interno de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como acto preparatorio para resolver los recursos de casación presentados contra la sentencia que declaró ilegal el proyecto minero Crucitas.

Este acto delictivo habría sido cometido por un magistrado suplente de la Sala Primera, en reunión realizada con personeros de la empresa minera Industrias Infinito y sus abogados, según declaró un testigo presencial de dicha reunión ante el Ministerio Público.

En esa reunión habrían participado también Juan Carlos Hernández, representante de Industrias Infinito y el abogado Rubén Hernández, apoderado especial de la citada empresa minera.

Acto seguido, el 11 de noviembre de 2011, Juan Carlos Hernández –actuando en representación de Industrias Infinito- interpuso una acción de inconstitucionalidad que se tramita en la Sala Constitucional bajo el expediente Nº 11-14462-007-CO.

Esa acción precisamente va dirigida contra la jurisprudencia de la Sala Primera sobre los alcances de las sentencias de la Sala Constitucional, respecto a asuntos sometidos a conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa y la competencia de esta última para conocer juicios de legalidad sobre asuntos que previamente han sido conocidos por la jurisdicción constitucional.

De forma clara, esta acción pretende impedir que la Sala Primera emita una sentencia firme sobre el caso Crucitas, atacando la jurisprudencia que dicho tribunal podría utilizar para resolver.

Es evidente que la presentación de esta acción es una consecuencia directa de la filtración del borrador. A través de este acto, Industrias Infinito obtuvo una ventaja indebida que pretende utilizar dolosamente en su propio beneficio.

Mediante la obtención ilegal del borrador de sentencia los abogados de la trasnacional minera tuvieron conocimiento de los argumentos que estaban valorando las y los magistrados de la Sala Primera para resolver el caso. Esta actuación delictiva les permitió conocer elementos esenciales de la posible decisión final de dicho tribunal, para utilizarlos en su propio beneficio.

Valiéndose de esta información confidencial pretenden ahora entorpecer el dictado de una resolución final por parte de la Sala Primera. Esto es hacer un uso abusivo y fraudulento de la jurisdicción constitucional.

Como puede verse, Industrias Infinito participó activamente de la ilegal filtración del borrador de la sentencia de la Sala Primera. Sus personeros concertaron la reunión con el magistrado suplente implicado. Recibieron los borradores sin objetar esta actuación contraria a la ética, la legalidad y la independencia del Poder Judicial. En ningún momento denunciaron la filtración del borrador. Por el contrario, intentan utilizarla en su beneficio para cuestionar la imparcialidad de las y los magistrados de la Sala Primera e impedir el dictado de una sentencia firme en este caso.

Es decir que la presentación de la acción de inconstitucionalidad en cuestión forma parte de un fraude procesal iniciado con la filtración del borrador de la sentencia. Esta acción es una consecuencia directa de ese hecho delictivo. A través de ella la empresa obtuvo una ventaja procesal indebida respecto a las otras partes del litigio y ahora pretende explotarla sacando provecho de su propio dolo para impedir que la Sala Primera dicte con independencia una sentencia firme.

Para estos fines ilícitos también pretende involucrar en su maniobra a la Sala Constitucional.

Ante la gravedad de los hechos descritos, la ciudadanía debe pronunciarse y movilizarse para impedir que se consume semejante fraude con la justicia costarricense.

La credibilidad y la independencia del Poder Judicial ya ha sido seriamente mancillada por las actuaciones indebidas del un magistrado suplente y de los personeros de Industrias Infinito.

Hago un llamado a todas y todos los costarricenses a ejercer su ciudadanía para que impidamos una nueva y gravísima agresión a la institucionalidad del país.